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Frédéric Bastiat, ilustre economista del siglo XIX, publicó hace ya más de 150 años su famoso “Lo que se ve y lo que no se ve”, un artículo en donde explica la que, a su juicio, es la principal diferencia entre un mal y un buen economista. Para el francés, el mal economista solo tiene en cuenta los efectos más directos e inmediatos de una política económica, mientras que el buen economista considera también las consecuencias secundarias y menos obvias. Compartiendo esta acertada definición, uno no puede más que lamentarse de que George Osborne, secretario del Tesoro británico, pertenezca al primero de los grupos.

Esta reflexión viene a colación de la última ocurrencia del Tesoro británico, la bautizada como “Tasa Google”, que en líneas generales consiste en establecer un impuesto especial para que, independientemente de donde tengan su domicilio fiscal, las grandes empresas paguen al fisco británico el 25% de los beneficios que generen en su territorio. A priori, no sorprende que la reacción mayoritaria fuera favorable a la implantación de la medida, ya que de esta forma “las enormes cantidades de dinero que ganan las multinacionales repercutirán de forma positiva en la sociedad”. Sin embargo, esto tan solo es una parte de la historia; lo que se ve.

Pero pongámonos un instante en “modo Bastiat”, llevemos el razonamiento un poco más allá y hagámonos la siguiente pregunta: ¿Qué ocurre ahora con ese ahorro fiscal del que disfrutan las grandes empresas y que, tras la implantación de la “Tasa Google”, comenzarían a destinar al pago de impuestos? Pues bien, si descartamos la opción de que este dinero sea absorbido por un agujero negro que lo haga desaparece de la faz de la Tierra, solo nos queda una opción: que tarde o temprano también acabe repercutiendo de forma positiva en la sociedad. Esta es la otra parte de la historia; lo que no se ve.

Para entender esta afirmación, imaginemos que los beneficios antes de impuestos generados por una gran empresa X son de 1.000 millones anuales. Supongamos también que con la antigua estructura fiscal, 100 de estos millones eran pagados al fisco. Ahora, con la nueva tasa, la empresa X comenzaría a pagar 250 millones. Así, 150 millones dejan de estar a disposición de la empresa para pasar a los bolsillos de un gobierno que podrá dedicarlos, según el arbitrario criterio del burócrata de turno, a cosas tan variopintas como mejoras en la sanidad, subvenciones a la energía eólica, o promoción de la tauromaquia. ¿De verdad este dinero destinado a pagar impuestos “repercute positivamente en la sociedad” de mejor manera que mediante los usos alternativos que le está dando actualmente la empresa? Antes de responder, veamos a qué se dedica ahora ese dinero.

Por un lado, una parte de estos beneficios empresariales se reparte en forma de dividendos. Los accionistas, principales beneficiados de este reparto, pueden ser grandes patrimonios, pequeños ahorradores e incluso personas que ni siquiera saben que son accionistas, ya que tienen sus ahorros invertidos en la empresa X mediante instituciones de inversión colectiva de las que pueden no conocer su cartera (por ejemplo, la mayoría de las personas que tienen sus ahorros en un plan de pensiones no saben dónde está invertido su dinero). Por lo tanto, si la empresa dedica parte de su beneficio a repartir dividendos, los ahorros fiscales terminan aumentando la renta disponible de cientos de miles de individuos.

Por otro lado, la parte que las empresas no reparten en dividendos puede destinarse a dos usos distintos. Por un lado, este dinero puede ser dedicado a remunerar a los trabajadores en forma de bonus por objetivos: cuanto mejores sean los resultados de la empresa, mayor la remuneración por trabajador. Un buen ejemplo de esta política es Mercadona, que desde el año 2000 reparte el 25% de sus beneficios entre empleados de todos los escalafones. De nuevo, el ahorro fiscal repercute directamente en la sociedad generando una mayor renta disponible; en este caso para los trabajadores.

La otra alternativa es que este dinero se mantenga en la empresa y se use para financiar proyectos de inversión con el propósito de ampliar el negocio (abrir nuevas fábricas o extender el número de servicios que se ofrecen), o de mejorar los procesos productivos ya existentes (comprar maquinaria más avanzada o instaurar programas de formación para sus empleados). En el primero de los casos, este aumento del tamaño de la empresa genera nuevos puestos de trabajo; en el segundo, se traduce en una mayor productividad de los trabajadores y, por ende, en un mayor salario.

Una vez visto lo que no se suele ver, el dilema deja de ser si queremos que los beneficios de las grandes empresas repercutan de forma positiva en la sociedad o no. Ahora, la cuestión radica en decidir si preferimos que la riqueza que generamos como sociedad sea gestionada por empresas que han triunfado precisamente por saber gestionar bien su capital (obteniéndolo de inversores y consumidores de forma voluntaria); o bien preferimos que este capital quede al arbitrio de unas burocracias estatales cuyo único incentivo es tomar decisiones que les reporten réditos políticos. Además, por si la explicación teórica no fuera un argumento de suficiente peso, vayamos a la evidencia empírica y estudiemos que ha hecho en los últimos años cada agente con el dinero que tenían bajo gestión: por ejemplo, mientras que las empresas lo han dedicado a investigar para crear coches eléctricos no contaminantes, las burocracias lo han vilipendiado en aeropuertos sin aviones. Llamadme loco, pero yo casi que me quedo con los coches.