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Se calcula que la economía sumergida ha sumado durante la crisis la friolera de 60.000 millones de euros; es decir que ha aumentado de media 15.000 millones de euros anuales entre 2008 y 2012.

En estos últimos años la economía sumergida ha sido objeto de numerosas menciones públicas debido a la fuerte crisis económica que atraviesa el país.

Según el último informe de los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) llamado “La economía sumergida pasa factura. El avance del fraude durante la crisis” los años de recesión han hecho aumentar en España esta práctica hasta alcanzar el 24,6% (253.135 millones) del PIB del país frente a la tasa del 17,8% (193.626 millones) que se estimaba en 2008. De hecho se calcula que la economía sumergida ha sumado durante la crisis la friolera de 60.000 millones de euros; es decir que ha aumentado de media 15.000 millones anuales entre 2008 y 2012.

Existen polos opuestos sobre la valoración de la economía sumergida en la sociedad. Mientras algunos la ven como una forma de compensar la falta de empleo regulado y evitar al fisco, otros defienden que su aportación es completamente negativa, ya que empresas y trabajadores no contribuyen al erario público y esta práctica sólo beneficia a unos pocos. No obstante la mayoría de los expertos en economía coinciden en que es muy perjudicial. Aunque por supuesto la total regulación de los empleos es imposible, los datos obtenidos sorprenden por la fuerte presencia del “flujo negro” en los ámbitos laborales y económicos de la sociedad española.

El informe Ghesta, corrupción y política

El presidente de Gestha, Carlos Cruzado, ha relacionado los “menores niveles de transparencia con un aumento de la economía sumergida”. Recordemos que una de las medidas más laureadas en su momento por el Gobierno fue su implantación de una Ley de Transparencia que permitiera obtener los datos de las “actividades” públicas a cualquiera, algo que ningún órgano administrador había hecho antes. Sin embargo al final tal medida quedó relegada a una simple concesión política carente de la profundidad necesaria y cuyo pragmatismo inherente resultó cuanto menos deficiente, hecho que muchos concluyen se debe a la preocupante tasa de corrupción de nuestro país y los intereses de gobernantes de que no salga a la luz.

En el último ranking global de 2013 de la ONG Transparencia Internacional, España descendió diez puestos; del 30 al 40 en tan sólo un año; y fue el segundo país donde más aumentaba la corrupción después de Siria. Sin embargo un punto a destacar es que durante la presentación de este informe, los portavoces de la organización distinguieron entre la corrupción política y la administrativa, considerando ésta última prácticamente inexistente.

Sea como fuere el señor Cruzado manifestó que la mejor manera de sortear el fraude es “dotar de los medios adecuados a la Agencia Tributaria”. Por ejemplo según datos de la OCDE, en España hay un empleado de Hacienda por cada 1.928 contribuyentes, frente a los 860 de Francia, 729 de Alemania o los 551 de Luxemburgo.

«Ahora dimiten políticos por conducir ebrios, sin embargo nadie deja su puesto por estar implicado en delitos contra el fisco» añadió Cruzado tras argumentar la necesidad de campañas de concienciación de la corrupción similares a las de tráfico. Finalmente aportó que “a este gobierno y a los anteriores les ha faltado voluntad política para afrontar el tema”.

La moral ciudadana

La crítica del señor Cruzado no se centró solo en la política pues en una entrevista dijo “hay que cambiar la conciencia ciudadana, porque un 50% justifica el fraude”. Jordi Sardà, profesor de Economía de la Universidad Rovira y Virgili y cabeza pensante del informe, coincidió con Cruzado y manifestó su preocupación ante la tolerancia existente en la cultura española ante el fraude y la evasión fiscal.

“Se trata, básicamente, de un problema de moralidad. Cuando a una sociedad no le parecen condenables ciertas actitudes relacionadas con la economía sumergida (por ejemplo, no está mal visto no pagar el IVA o intentar defraudar a Hacienda) es que esta sociedad está optando por una economía con un elevado índice de economía sumergida y con todas las implicaciones que ello conlleva.” estipula el informe.

Sin embargo este documento no trata de criticar la mentalidad española en sí misma sino que se ampara en el hecho de que es necesario realizar campañas de concienciación ciudadana para que la gente advierta la gravedad de mostrar indiferencia ante este tipo de hechos.

El 8 de febrero El País publicó una carta al director donde un lector diferenciaba entre las dos vertientes de la economía sumergida, según sus palabras están aquellos que realizan esta actividad por ánimo de lucro y modo de evasión fiscal y los que no tienen más remedio que “trabajar y pagar en negro” debido a la situación del mercado español en la actualidad. El lector puso ejemplos de trabajadores cuyos pisos habían sido embargados por deudas, que sin embargo no se saldaban, por lo que todavía persiste el miedo a que si reciben una nómina regulada quedaría embargada ante el más mínimo “capricho“ por su parte.

Otro ejemplo expuesto en la carta, es el de aquellos a los que se les ofrece un contrato mercantil y no se les garantizan unos ingresos mínimos, en el momento en que se dieran de alta perderían los denominados “426 euros de Zapatero”, riesgo que no están dispuestos a correr debido a la dificultad para percibir ingresos y mantener un negocio en la actualidad.

Las múltiples causas del creciente flujo negro

Expertos y medios coinciden en que esta situación deriva de múltiples causas.

El informe atribuye el incremento de la economía sumergida al efecto arrastre del «boom» inmobiliario, al «espectacular» aumento del paro que ya supera el 26%, según los datos de finales de 2012, y al «masivo» uso de billetes de 500 euros. Ello sitúa a España a niveles muy altos en economía sumergida respecto a países como Alemania (13,1%), Francia (10,8%) o Reino Unido (10,1%), niveles que de hecho se asemejan a los de Italia, Portugal y Grecia; que sin embargo son todavía mayores.

“Los países más desarrollados son los que presentan mayores tasas de presión fiscal pero, sin embargo, presentan tamaños de economía sumergida bajos o relativamente moderados, sin embargo para los países menos desarrollados de la OCDE ocurre lo contrario. Presentan altos niveles de economía sumergida y, en general, presiones fiscales menores a las de los países más desarrollados. España se encuentra en una posición intermedia aunque más cercana a los países menos desarrollados dentro de la OCDE.” .

Esta última información expuesta en el informe de Gestha trata de explicar que las subidas de impuestos como consecuencia de la crisis que no fueron acompañadas por un eficiente control tributario y la multiplicación de los casos de corrupción política y empresarial contribuyen en suma a la enorme influencia de los negocios en negro.

Joaquín Estefanía, licenciado en Ciencias Económicas y en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, redactor de economía de El país y exdirector del diario; así como autor de numerosos libros sobre economía sustentó estas conclusiones en uno de sus artículos; exponiendo que las consecuencias de estos hechos se deben a “el efecto arrastre de una burbuja inmobiliaria con mucho dinero negro; el incremento del paro hasta un 26% de la población activa (otro efecto nocivo colateral de la reforma laboral); el aumento de impuestos que no fueron acompañados de un control tributario más efectivo (lo que genera la lección de que al mismo tiempo que una reforma fiscal habrá de venir una mejor administración tributaria: más eficaz por la sofisticación de las evasiones y elusiones fiscales, y más numerosa en sus componentes….¿Algún plan de choque previsto para corregir esta realidad? Ninguno.” Su artículo incluso aparece recomendado en la propia página de Ghesta ofreciendo un enlace al mismo.

Los Técnicos de Hacienda explicaron en el documento que cerca del 70% del efectivo que se mueve en España se realiza con billetes de 500 euros. Este instrumento es el preferido para realizar operaciones en negro y coloca a España como destino de un 14% del total de billetes de 500 que se manejan en la zona euro.

El informe en conclusión vincula el auge de la actividad “sumergida” al incremento del desempleo, la corrupción y el boom inmobiliario, «que generó una gran bolsa de dinero negro en la sombra, sobre todo en áreas de costa«.

Las diferencias entre las comunidades autónomas y las provincias

No todas las comunidades autónomas perciben el mismo grado de economía sumergida. Según el informe Extremadura alcanza el 31,1% de su PIB, seguida por Andalucía (29,2%) y Castilla-La Mancha (29,1%). En el lado opuesto destaca Madrid, con un tasa de solo el 17,3%). Esta cifra tan reducida respecto al resto, explica el informe, se debe a que la capital española concentra el mayor número de grandes empresas y multinacionales; lo que provoca que «algunas de sus variables, principalmente las relacionadas con impuestos, creen distorsiones en las estimaciones«.

Junto a Madrid, Cantabria (22%), Aragón (22,3%) y La Rioja (24,1%) destacan por sus datos más reducidos en actividades vinculadas a prácticas en “negro “.

En cuanto a provincias del estado existen algunas cuyas cifras se consideran en el propio informe como un “mal endémico”; provincias como Ávila, Albacete, Ourense y Toledo, todas ellas de interior y con menor nivel de dinamismo debido a sus circunstancias geográficas y de otras índoles infraestructurales y económicas. En el lado contrario, se sitúan la ciudad de Madrid, Tarragona, Lleida, Barcelona, Zaragoza y La Rioja, con menos fraude que la media en el periodo 2000-2012.

El informe advierte que los datos territoriales alejados del ámbito nacional en materia de economía sumergida son tremendamente importantes pues “son pocos los estudios que se centran en la distribución territorial, que es lo que se pretende en el presente estudio.”.

Otros informes y consecuencias

Otro informe denominado “Closing de European Tax Gap”, que fue promovido por eurodiputados socialistas y demócratas y realizado por Tax Research, cifró en 72.700 millones de euros la cantidad que el Estado deja de recaudar por la economía sumergida. Otro estudio de la Fundación de Cajas de Ahorros (Funcas) elevaba incluso la cantidad hasta los 80.000 millones partiendo de un nivel de economía sumergida inferior a los 253.135 millones de euros que se cifraron en el informe de Gestha; por supuesto desde un perspectiva que no incluye lo que podría denominarse la “tasa natural” de economía sumergida que sufre cada país.

Las consecuencias de estos hechos se pueden deducir; sin embargo el propio informe ofrece una visión al respecto “La existencia de un nivel importante de economía sumergida es un problema de primer orden que puede distorsionar los valores de diferentes macro magnitudes (como la renta per cápita, que es la magnitud que se utiliza como referencia para el reparto de fondos de ayuda internacional) y, por lo tanto, puede dificultar el diseño de políticas económicas que están basadas, precisamente, en estas magnitudes. Además, la economía sumergida produce competencia desleal entre empresarios, evasión de impuestos (afecta a los ingresos del Estado y, por lo tanto, le debilita), inexistencia de regulaciones, malas condiciones laborales, escasas o nulas medidas de seguridad en el trabajo, no hay pagos a la Seguridad Social e importantes consecuencias a largo plazo (pensiones, derecho a prestaciones, etc.).”

Esta práctica a los niveles que sufre España trae consigo serias repercusiones a la sociedad y de hecho son un importante reflejo de la misma.

La situación de los trabajadores del fisco pone en dificultad el correcto desarrollo de sus deberes, no sólo en este tipo de casos sino en otros como la evasión de impuestos en paraísos fiscales (que según cada interpretación podrían incluirse en este ámbito).

Los funcionarios del fisco llevan tiempo exigiendo cierta actualización en sus sistemas para el correcto desempeño de sus prácticas. Este informe parece una pequeña llamada a la necesidad de esas actualizaciones que junto a una correcta Ley de Transparencia como la de nuestros vecinos europeos e incluso estadounidenses, permitiría destapar numerosos enredos financieros que al fin y al cabo afectan a todos los bolsillos.

La cantidad de dinero que se mueve en “negro” es muy significativa y no debería tomarse a la ligera. Como argumenta el informe “No hay que olvidar que detrás de la existencia de un determinado nivel de economía sumergida está lo que una sociedad quiere ser.”

Fuentes: La economía sumergida pasa factura. El avance del fraude durante la crisis, El País, ABC, La Razón, Cinco Días, El Economista, Rtve, El diario de León, Taxi Research.
Imagen de Flickr por quinn.anya