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En un escenario en el que la economía española continúa contrayéndose y se prevé que la deuda pública siga creciendo hasta superar el 95% del PIB en 2014, con una sequía casi total de crédito bancario, toda la inversión que llegue desde el exterior merece ser bien recibida.

Un fondo soberano (sovereign wealth fund, en su denominación en inglés) es un tipo de fondo de inversión cuyo capital es íntegramente estatal, a diferencia de otros fondos cuyo capital es exclusivamente privado. Su gestión no es privada sino gubernamental.

En los últimos años han ganado notoriedad los fondos soberanos de Oriente Medio y Asia, es decir, de países que detentan el control de recursos naturales estratégicos, como el petróleo, o cuyas economías se están expandiendo con fuerza. También destacan las inversiones de los fondos soberanos de otros países y zonas geográficas donde los vínculos con las energías no son tan destacados ni cuyas economías son tan pujantes, como es el caso de los fondos soberanos noruego o chileno.

La gestión de un fondo soberano permite a los Estados la administración de activos con el fin de alcanzar objetivos financieros mediante diferentes estrategias de inversión. Los propósitos de los fondos soberanos son variados, y oscilan entre constituirse como reserva para las pensiones o perseguir una finalidad fiscal contracíclica, pasando por  la financiación de proyectos de desarrollo.

El horizonte de inversión de estos fondos suele ser a largo plazo, y no recurren al endeudamiento por contar con gran liquidez, lo que les diferencia de otros tipos de fondos y les confiere fortaleza e independencia.

Sin embargo, uno de los aspectos que suscita mayor controversia es la falta de transparencia de la que algunos adolecen, así como la presencia de ciertos indicios de proteccionismo en su gestión y de pretensiones de control estratégico en sectores como el tecnológico o el energético.

Se teme que algunos gobiernos puedan usarlos como medio de presión, precisamente gobiernos que son habitualmente calificados de ser escasa o nulamente democráticos.

En 2008 los países con fondos soberanos desarrollaron un código ético de cumplimiento voluntario redactado en colaboración con el Fondo Monetario Internacional, cuyas directrices se conocen como los Principios de Santiago.

Los Principios de Santiago tienen como objetivos los siguientes puntos:

• La contribución de los fondos soberanos al mantenimiento de un sistema financiero mundial estable y la libre circulación del capital y las inversiones
• El cumplimiento por los fondos de todos los requisitos normativos e informativos de los países en los que invierten
• La inversión en función de criterios relacionados con la rentabilidad y el riesgo económico y financiero
• El establecimiento de una estructura de gobierno del fondo sólida y transparente.

Según los citados Principios, si las decisiones de inversión de un fondo soberano están sujetas a otras consideraciones fuera de las económico-financieras, estas deben exponerse y divulgarse al público.

No se puede ignorar que la intención del inversor soberano puede estar animada, desde el inicio o con carácter sobrevenido, por propósitos no económicos o financieros sino políticos.

En los diversos artículos y trabajos que se dedican a los fondos soberanos se presta gran atención a sus aspectos positivos para los países receptores de la inversión, que son muchos, pero no tanta a los potenciales aspectos negativos para los países de acogida, que se pueden identificar, en esencia, con los mencionados anteriormente, en los que en la balanza predominan los intereses políticos sobre los económico-financieros.

De estos posibles riesgos (que no tienen por qué materializarse necesariamente) destacaremos brevemente dos, ligados con la suscripción de deuda soberana de un Estado y con la adquisición de paquetes accionariales significativos de grandes compañías que proveen bienes o servicios estratégicos para una nación.

Si la inversión de un fondo soberano en deuda pública de otro Estado fuera lo bastante sustancial, en primer lugar se produciría un drenaje de liquidez, vía pago de intereses, del segundo al primero (por ejemplo, el montante total de los intereses de la deuda española en 2013 será de cerca de 39.000 millones de euros).

Por otra parte, en la cercanía de un impago o antes de un vencimiento de deuda que hubiera de ser renovada, un determinado fondo soberano inversor podría presionar al Estado deudor para que, internamente, rebajara gastos o incrementara impuestos que permitieran seguir atendiendo la devolución del capital y el pago de los intereses.

Por último, en una eventual negociación asociada a una situación de impago efectivo o de renovación de deuda vencida, el fondo soberano podría obligar al Estado deudor a aceptar obligaciones de naturaleza diversa de la financiera, siendo el margen de resistencia de éste escaso, ante el riesgo cierto de verse abocado a su expulsión de los mercados de capitales.

En lo que afecta a la inversión de un fondo soberano en una empresa privada de carácter estratégico, si el fondo se hiciera con el control de la misma podría acceder a información relevante, no sólo para la empresa sino para la economía del país en cuestión. A su vez, al igual que con la inversión en deuda pública, se podría producir un drenaje sustancial de recursos financieros a través del pago de dividendos y, de ser el porcentaje de capital lo bastante elevado, el fondo podría “manejar” la compañía con fines ajenos a los estrictamente mercantiles.

Referencias: “Fondos soberanos: entre la necesidad y la razón de Estado”, IEEE 2013.