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En esta época de ineludibles recortes presupuestarios, el debate sobre la idoneidad de tener una educación universitaria pública y con un gasto socializado (que no gratuita), está de plena actualidad. En este artículo se pretende arrojar algo de luz a este debate basándose, única y exclusivamente, en criterios económicos.

En primer lugar, hemos de tener en cuenta que el presupuestario, no es el único problema al que se enfrenta la Universidad española: la clara y manifiesta descoordinación que existe entre oferta y demanda de empleo cualificado hace que muchos licenciados estén subempleados o en paro. (Aquí el informe de Mckinsey sobre este problema en Europa y un artículo del WSJ sobre este mismo problema en USA, aquí).

Este segundo problema no debería sorprender a aquellos que estén familiarizados con los mecanismos de coordinación económica: en un mercado en el que los precios están intervenidos y no son fijados libremente por oferta y demanda, la información revelada a los agentes es confusa y provoca malas decisiones de inversión. Esto es exactamente lo que ocurre en la educación universitaria. Como el coste de asistir a la Universidad está muy por debajo del real, la rentabilidad necesaria para amortizar la inversión inicial es muy baja y provoca un fenómeno de “sobreinversión”. Además, los estudiantes, no teniendo en cuenta el criterio de rentabilidad, tienden a elegir carreras que el mercado no demanda.

Es curioso observar el paralelismo existente entre la “burbuja universitaria” y la inmobiliaria: un coste de inversión artificialmente bajo (por las subvenciones y crédito barato, respectivamente) provoca una oferta (de trabajo cualificado y de viviendas) errónea, tanto en cantidad, como en características (grandes diferencias de desempleo según carrera y auténticos pueblos fantasma en ciertas partes del país).

Por otro lado, el economista Juan Ramón Rallo, en una entrevista en relación a su próximo libro “Una revolución liberal para España”, aporta un interesante enfoque sobre este asunto. Según explica, en términos económicos, la educación puede ser vista como un bien de consumo (las personas “consumen” educación para obtener satisfacción personal) o como un bien de capital (principalmente como una “señalización” que distingue a los universitarios del resto de trabajadores).

Si consideramos a la educación como un bien de consumo, la demanda de cada individuo depende de su propia visión subjetiva, no existiendo una cantidad óptima que satisfaga a todos por igual y teniendo que ser determinada según criterios arbitrarios potencialmente erróneos (¿Por qué no subvencionar también los máster, o solo el instituto?).

En términos de señalización, la consecución de un título universitario constituye una externalidad negativa para el resto de estudiantes: cuantos más licenciados haya, menor será el poder de señalización del título, más habrá que formarse para diferenciarse y mayor será el coste de la educación. Subvencionar externalidades negativas es un contrasentido económico.

Se han obviado los argumentos de equidad e igualdad de oportunidades para evitar la mezcla de argumentos “científicos” y morales, y favorecer así una aproximación analítica de forma que se puede concluir que la socialización del gasto en educación universitaria no soporta el análisis económico.