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Parece lejano el momento, allá por enero de 2002, en el que el euro sustituyó a las respectivas monedas nacionales de los diversos Estados que originariamente tomaron parte en tan ambicioso proyecto, pasando la moneda común a formar parte habitual de la actividad de instituciones y empresas y de la vida de sus ciudadanos.

El euro se ha convertido en el instrumento para cifrar el trabajo, los negocios, los impuestos y las ilusiones de la inmensa mayoría de los europeos (también para cuantificar la deuda privada, y una deuda pública creciente por días…).

Dicha adopción no quedó cerrada, y paulatinamente se han ido produciendo nuevas adhesiones, algunas incluso de hecho, con la asunción del euro por estados que no son parte de la Unión Europea.

Sin embargo, esta «primera transición» de las monedas nacionales al euro a la que nos acabamos de referir ha sido insuficiente, pues principalmente ha tenido por objeto la introducción y el uso físico de las monedas y billetes.

Se han dado varias paradojas, tales como que las Administraciones Públicas, las empresas y los particulares puedan realizar, por igual, pagos con billetes en euros en cualquiera de los países integrantes de la Eurozona, pero, en cambio, no sea posible ejecutar una transferencia con destino a uno de estos países en idénticos términos a si la operación se realizara dentro de unas mismas fronteras nacionales.

Es decir, siendo cierto que contamos con un mercado interior y con una moneda única, dicha moneda sólo despliega plena eficacia en los pagos realizados de forma física, pero presenta inconvenientes e ineficiencias en los efectuados a través de los canales bancarios.

Los principales desajustes residen en la mayor lentitud y el mayor coste de dichas operaciones bancarias, por mucho que igualmente se realicen en euros y entre estados que cuentan con una misma moneda.

Con la creación de la Zona Única de Pagos en Euros, más conocida como Single Euro Payments Area (SEPA), se busca la total efectividad del euro, superando estos obstáculos, unificando el régimen de funcionamiento de las transferencias, las domiciliaciones y los pagos con tarjeta, tarea que, como se puede intuir, no es sencilla, cuando los diversos sistemas financieros y sus específicos medios de pago son, en ocasiones, tan diversos.

Por poner un ejemplo, la domiciliación bancaria, como la conocemos en España, no encaja en las categorías de la mayoría de los países europeos, por lo que ha sido ciertamente costoso alcanzar unos estándares unificados, que han fraguado en el llamado «adeudo directo».

El proyecto, tras varios años de estudio, tomó cuerpo con la Directiva de Servicios de Pago, de 2007, que en nuestro país se incorporó, principalmente, por la Ley 16/2009 del 13 de noviembre, de Servicios de Pago.

A pesar de ello, con la crisis financiera, la efectividad de la SEPA quedó en suspenso, aunque, a partir de febrero de 2014, será una realidad, con implicaciones directas para las entidades financieras y para sus clientes, que al fin podrán disponer de canales de pago rápidos y baratos, basados en la moneda común.

foto de Flickr por Images_of_Money