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La ley de Unidad de Mercado, unas de las más esperadas, ha sido aprobada este viernes en el Consejo de Ministros y ahora debe pasar el proceso parlamentario, por lo que no se espera su aprobación definitiva hasta el verano. Las negociaciones con las autonomías y con el resto de ministerios ha retrasado 3 meses la llegada de una de las medidas estrella del ministro De Guindos. A pesar de todo, la ley ha dejado en el camino algunas de las iniciativas más atrevidas de dicho ministro y deja muchos resquicios que los presidentes autonómicos podrían aprovechar.

A la hora de exponer dicha norma el Gobierno ha insistido en que es “absolutamente respetuosa con las competencias autonómicas” y que además, se fundamenta en la “confianza mutua” entre comunidades autónomas, ya que unas deberán confiar en los productos aprobados por otras.

Tal y como ha expresado la vicepresidenta Sáenz de Santamaría la ley establece una licencia única que permitirá comerciar en toda España a una empresa que ha obtenido el visto bueno de una comunidad autónoma, evitando así los trámites adicionales antes necesarios. La ley sí supone un importante paso adelante en lo referente a mercancías ya que la habilitación de un producto en una comunidad autónoma implica la posibilidad de comercializarlo en toda España. Aún así, en aspectos como el etiquetado, el producto debe seguir respetando la normativa de cada comunidad autónoma de forma independiente.

Luís de Guindos

En lo tocante a los servicios, la cosa cambia. A pesar de la existencia de la licencia única, en lo referente a la prestación del servicio, el profesional deberá regirse por la normativa comunitaria. Este aspecto ha sido ejemplificado por el Gobierno con el caso de un fontanero, el cual, una vez habilitado en una comunidad, podrá ejercer en las 16 restantes, pero en el resto de trámites deberá atenerse a las normativas autonómicas.

Sin embargo, en ambos casos la ley presenta algunas excepciones. Así, una comunidad autónoma podrá entrar a regular si la actividad pone en peligro la seguridad, la salud pública, ocupa un espacio público, bienes de patrimonio cultural o supone un riesgo medioambiental.

La polémica ha llegado con la discriminación lingüística existente en algunas leyes autonómicas que obligan a utilizar la lengua regional en el etiquetado o el comercio, aspecto que permanecerá invariable. Por lo tanto, en aspectos como el etiquetado u otro tipo de obligaciones las empresas deben seguir cumpliendo las disposiciones autonómicas en asuntos lingüísticos.

Otra de las novedades de esta ley es la creación de un Consejo Nacional de Unidad de Mercado, que se encargará de la convergencia entre las diferentes regulaciones, además de investigar nuevas prácticas regulatorias para acabar con la discriminación existente en algunas normas.

También se creará una Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia que recibirá las denuncias de las leyes regionales que provoquen la ruptura de la unidad de mercado. De acuerdo con lo explicado por el Ministerio  «la CNMC deberá decidir en un plazo de cinco días sobre la procedencia de la solicitud. Si la admite a trámite, el organismo interpondrá recurso ante autoridad judicial que significará la suspensión automática del acto recurrido» evitando así costes económicas y molestias a las empresas afectadas.

Atendiendo a los cálculos efectuados por el Ministerio de Economía esta ley podría suponer un aumento del 1,52% del PIB. Estos beneficios serían repartidos por todo el sistema.

Fuente: Libre Mercado

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