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El pasado martes 28 de agosto el govern de la Generalitat catalana anunció que Cataluña se adherirá al Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) por un valor de 5.023 millones de euros. No es la primera vez que la Generalitat acude a fondos del Estado para financiarse ya que previamente acudió a los fondos ICO para deuda y ICO para proveedores.

Mariano Rajoy y Artur Mas

Dicho fondo se organiza de manera parecida al Fondo Europeo de Estabilidad y al Mecanismo Europeo de Estabilidad, y tiene la finalidad de dotar de liquidez a las Comunidades Autónomas que lo requieran. Las comunidades pedirán la concesión del crédito para hacer frente a los vencimientos de los títulos de deuda y los préstamos, así como la financiación del nuevo déficit cuando éstas se encuentren en problemas para acceder a los mercados financieros. Se pueden acoger a este fondo todas las comunidades que lo necesiten, aunque el ministro Luis de Guindos ya advirtió la semana pasada que si alguna comunidad no cumple con el objetivo de déficit será forzosamente adherida al Fondo de Liquidez.

Este fondo se financia con deuda pública y con un préstamo de Loterías y Apuestas del Estado de 6.000 millones de euros, la dotación total del fondo asciende a 18.000 millones que se prevén suficientes para hacer frente a las deudas de estas comunidades en el 2012, pero podrían ser insuficientes para las mismas en el 2013. Esto es debido a que los presupuestos del Estado pueden estar basados en una recaudación por impuestos equívoca, ya que el consumo actual está cayendo de manera acelerada.

En primer momento, el portavoz del gobierno catalán anunció que dicho rescate no supondrá ninguna condición económica adicional y que no aceptarán políticas impuestas por el gobierno del Estado; aunque ésto no es correcto si tenemos en cuenta que el fondo está regulado por un decreto ley que impone unas condiciones a las comunidades adheridas. Las condiciones impuestas para las comunidades que soliciten el rescate son las siguientes: El gobierno de la comunidad intervenida no podrá emitir valores, ni concertar créditos al extranjero (a no ser que disponga del permiso expreso del gobierno del Estado). También deberá presentar junto con el gobierno español un nuevo plan de ajustes, que implicaría detallar el plan de tesorería con el calendario y los presupuestos mensuales de ingresos y gastos, el saldo de la deuda, los vencimientos de los próximos diez años y las necesidades de financiación. Asimismo, el plan de tesorería se deberá actualizar mensualmente mientras que el plan de ajuste lo hará una vez al año.

El fondo funciona con un calendario por tramos, en el que el acceso a cada tramo está condicionado a cumplir las condiciones del período anterior. Si no se cumplen las condiciones el gobierno autonómico deberá pagar un depósito del 0,2% del PIB nominal, además de promover nuevos recortes para los ciudadanos. Si aun así no se cumplen las condiciones, el gobierno de España se verá obligado a hacer actuar a los “hombres de negro”, un equipo de funcionarios de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) que se encargarán de controlar la situación financiera de dicha comunidad y del cumplimiento de las condiciones impuestas por el gobierno central. Todo ello estará supervisado por el Ministerio de Hacienda que es quien marcará el dictamen a seguir por los temidos “hombres de negro”.

El ministro de Economía Luis de Guindos ha afirmado que cuando se creó el FLA ya estaba prevista la petición por parte de Cataluña. El Ministro también ha reiterado que este fondo se creó con el “compromiso de todas las Comunidades Autónomas con la reducción del déficit” porque “para solucionar los problemas de liquidez de las diferentes Administraciones Públicas” el elemento básico es meter en vereda las cuentas. “Si no se consigue, volveremos a tener un problema los próximos meses, porque lo que hay que hacer es que las finanzas públicas sean sostenibles en el tiempo” afirmó el ministro.

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